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APIAA presenta alegaciones al proyecto de reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural - Nota de prensa 29-01-2014

APIAA presenta alegaciones al proyecto de reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural - Nota de prensa 29-01-2014

Asociación APIAA

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APIAA (Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias) quiere manifestar su sorpresa ante la publicación por el Gobierno del Principado del anuncio del inicio del plazo de información pública del Anteproyecto de Decreto de Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural (BOPA 23/12/2013), dado que la Dirección General de Patrimonio Cultural se había comprometido con nuestra asociación a responder previamente las indicaciones que sobre el particular le había formulado en enero de 2013.

Este nuevo reglamento va a condicionar de forma directa al ejercicio de la arqueología, por lo que desde APIAA hemos presentado alegaciones a su anteproyecto desde un enfoque predominantemente constructivo. Buscamos así trasladar la experiencia de nuestros asociados, con el fin de facilitar la redacción de un texto que no sólo clarifique el marco legal de la actividad arqueológica, si no que también permita agilizar y simplificar los procedimientos, garantizándose de este modo su mayor eficiencia. Por la misma razón reiteramos nuestra disposición a colaborar con el Servicio de Patrimonio Cultural, desarrollando aquellos aspectos de las alegaciones presentadas que consideren conveniente.

APIAA también desea hacer constar que considera inadmisibles algunos contenidos del anteproyecto, por contravenir claramente lo recogido en la ley 1/2001 de Patrimonio Cultural o bien plantear exigencias abusivas, que desbordan las cuestiones que debe regir un reglamento. En este sentido queremos destacar lo siguiente:

  • Se prevé la aplicación del reglamento a intervenciones arqueológicas en curso, circunstancia que además de generar perjuicios de carácter económico conllevará la exigencia de requisitos que no estaban recogidos en los permisos de actuación arqueológica otorgados en su día. La retroactividad de estas obligaciones entraría en contradicción con las resoluciones dictadas concediendo los permisos.
  • Se contempla que sean los promotores de las actuaciones arqueológicas, y no los arqueólogos directores, los que entreguen a la administración los proyectos y las memorias de las actuaciones arqueológicas. Dado que la responsabilidad de dichas actuaciones recae en los arqueólogos directores esta previsión del reglamento constituye un evidente abuso, susceptible de causar grandes perjuicios a los profesionales de la arqueología. Con este singular sistema el promotor se convierte en intermediario entre la administración y el responsable directo de la excavación, por razones que no alcanzamos a comprender, pero resulta difícil creer que atiendan a criterios de eficacia. Además, se deriva hacia terceros el cumplimiento de obligaciones que constituyen causa de inhabilitación para el ejercicio profesional.
  • Se plantea el silencio negativo para los proyectos de intervención arqueológica, contraviniendo lo previsto en la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, que obliga a la Administración a informar a los ciudadanos de los requisitos y características que deben reunir los proyectos técnicos que éstos presenten para conseguir tales permisos.
  • Se demanda gratuita e injustificadamente la entrega de documentos originales, lo que podría contravenir la normativa de propiedad intelectual.
  • Se restringe el acceso a la documentación custodiada por la administración. Ello se fundamenta en una supuesta voluntad de proteger los derechos de propiedad intelectual. Desde APIAA tememos que este planteamiento esconde un derecho de veto sobre determinados expedientes y materiales del Museo Arqueológico de Asturias, cuya consulta quedará restringida a las personas que posean mejor relación con el personal de esta institución.

APIAA entiende que la finalidad última de este reglamento no es cargar gratuitamente de obligaciones a los administrados, sino clarificar y normalizar el marco de aplicación de la ley 1/2001 del Patrimonio Cultural, por lo que esperamos que la Consejería de Educación y Cultura atienda unas alegaciones que sólo buscan mejorar el ejercicio de la Arqueología y garantizar la protección de nuestro patrimonio histórico.