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En los últimos tiempos el ejercicio de la arqueología profesional está atravesando por una etapa difícil. Como es bien sabido, la dura crisis que está azotando el país se ha cebado especialmente con los sectores de la construcción y de la creación de infraestructuras, de los cuales depende buena parte la actividad de los arqueólogos, tanto en lo que afecta a las excavaciones y seguimientos preventivos en entornos protegidos o de riesgo, como en lo relativo a la protección del patrimonio cultural previsto en los estudios de impacto ambiental. Las restricciones presupuestarias también han supuesto una notable reducción de las partidas destinadas a la investigación.

Desgraciadamente, en el Principado de Asturias a esta situación, ya de por sí sumamente grave, hay que añadir los perjuicios ocasionados por un cambio radical en la política en materia arqueológica, que está llevando al colectivo de arqueólogos profesionales a un grado de precarización sin precedentes; además de poner en peligro, innecesaria y gratuitamente, el patrimonio arqueológico del Principado de Asturias.

Esta transformación del marco administrativo en el que se lleva a cabo el ejercicio profesional de la arqueología no se fundamenta en modificaciones de la normativa legal vigente, por lo que ha de considerarse exclusivamente de carácter político. La misma arrancó tras las elecciones de 2011 pero en el último año no sólo no se ha frenado sino que se ha ido afianzando, convirtiéndose en práctica habitual en la Dirección General de Patrimonio la toma de decisiones lesivas y arbitrarias para el ejercicio de la arqueología, que en no pocas ocasiones contravienen de forma flagrante lo prescrito tanto por la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo como por la normativa patrimonial y medioambiental. Como es obvio, la responsabilidad principal de esta situación recae en la dirección del Servicio de Patrimonio Cultural, que parece haber olvidado que su principal función no es otra que velar por la protección, difusión y conservación del patrimonio cultural.

Una de las manifestaciones más evidentes de esta situación, aunque no la única, es la transformación sufrida por la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, cuya función asesora se ha ido tornando en fiscalizadora -para mayor gravedad centrada particularmente en la actividad de ciertos arqueólogos-, excediendo así las competencias que le otorga el Decreto 15/2002 que regula su funcionamiento. Ello se traduce en la toma de una serie de decisiones dañinas e injustas para el ejercicio profesional y la protección del patrimonio, como son las siguientes:

• La tramitación de permisos de ciertas actuaciones arqueológicas es objeto de grandes retrasos, que pueden alcanzar varias semanas o incluso meses. Dado que la actividad arqueológica de hoy en día es muy inferior a la de hace unos años, estas demoras tienen una difícil justificación. Hay que tener presente además que en muchas ocasiones de dichos permisos depende la ejecución de obras o actuaciones, por lo que con el retardo en su concesión no sólo se perjudica la actividad de los arqueólogos profesionales sino que también se ven trastocados los planes de obra de las empresas encargadas de ejecutar las actuaciones, lastrándose en consecuencia la ansiada recuperación económica de la comunidad.
• Se ha modificado de forma gratuita y sin fundamentar las medidas preventivas y correctoras recogidas en varios estudios de impacto ambiental, contraviniendo lo recogido en el RDL 1/2008 de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Se tolera e incluso se favorece la ausencia de control en entornos de yacimientos arqueológicos, bienes de interés cultural y otros lugares en los que la ley 1/2001 de Patrimonio Cultural prescribe la necesidad de que las actuaciones llevadas a cabo en ellos sean sometidas a seguimiento arqueológico.
• Asimismo tenemos constancia de que se sigue influyendo, de forma más o menos directa, en la opinión de promotores públicos y privados en lo que se refiere a la posibilidad de contratar a determinados profesionales concretos en detrimento de otros, poniendo en tela de juicio la competencia profesional de algunos arqueólogos. Esta situación, que no es precisamente nueva, nos parece censurable e inaceptable.

Mención aparte merecen los problemas que genera la ausencia de una reglamentación clara en la entrega de materiales al Museo Arqueológico de Asturias, cuya tramitación queda al arbitrio variable del técnico encargado de recibir los mismos. De hecho se ha convertido en práctica general el no emitir actas de recepción, lo que contraviene de forma flagrante la normativa vigente. Queda también a criterio del técnico de turno la forma y modo de facilitar el acceso a los investigadores de los fondos arqueológicos allí custodiados, con horarios reducidos e inadecuados y en condiciones precarias. Esta situación, que resulta del todo inusual en otros museos arqueológicos del país, sorprende especialmente si tenemos presente la completa remodelación de las instalaciones del MAA finalizadas hace apenas dos años.

APIAA, en su calidad de asociación encargada de velar por el ejercicio profesional de la arqueología en Asturias, se ve obligada a denunciar públicamente esta situación, a la vista de que las quejas cursadas en este sentido a la Administración han sido sistemáticamente ignoradas. Asimismo anunciamos que si siguen sin ser tenidas en cuenta tomaremos las medidas que sean necesarias para defender el libre ejercicio de la profesión y los derechos de nuestros asociados.

Oviedo, 18 de noviembre de 2013.